Wednesday, April 2, 2008

Ofrecen servicio de “roaming” para clientes prepago


Mireya Rodríguez
PA-DIGITAL


Desde ayer, Telefónica Movistar puso a disposición de sus clientes prepago el servicio de "roaming" desde y hacia Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México.

Ivette González, especialista de Roaming, explicó que el costo del servicio será de 75 centésimos por minuto entrante y saliente.

Si el cliente realiza una llamada a los Estados Unidos y Canadá desde cualquiera de los países antes mencionados, el valor de la llamada será de 1.59 dólares incluyendo impuesto.

Mientras que para el resto del mundo el costo por llamada será de $2.19 tanto para llamada entrante como para saliente incluyendo impuestos, agregó.

La ejecutiva aclaró que para la realización de llamadas el cliente contará solo con el valor real de la tarjeta y no con el promocional.

Por su parte, Carlos Tesa, subdirector de Mercadeo de Telefónica Panamá, manifestó que este nuevo servicio viene a satisfacer las necesidades de sus clientes.

A futuro negociarán con otras empresas internacionales para ofrecer a los clientes mayores servicios, añadió.

En Panamá Telefónica Movistar cuenta con un estimado de 1 millón 200 mil clientes en la red prepago y está presente en 23 países.

Flexibilizan requisitos para ingresar a la Policía


Luis Alberto Castillo y Massiel Arosemena
PA-DIGITAL


La falta de interés de los jóvenes de formar parte de la Policía Nacional (PN), motivó a los directivos de la entidad a flexibilizar los requisitos previamente establecidos para formar parte de la institución.

Anteriormente, ningún varón que tuviera un tatuaje en su cuerpo, un arete y con una estatura inferior a 1.65 metros podía formar parte del cuerpo armado. Hoy la realidad es otra.

Ahora, toda persona que tenga uno a varios tatuajes en su cuerpo, siempre y cuando no sean distintivos de alguna banda organizada podrá pertenecer a la PN, según lo declaró ayer el director de la entidad, Rolando Mirones.

En cuanto a los aretes en los hombres, Mirones fue claro al señalar que no lo podrán utilizar en horas laborables.

"No podemos descartar a un candidato a agente porque mida uno o dos centímetros menos que la estatura deseada para ser policía", dijo Mirones.

Falta incentivos.
Para el general retirado, Rubén Darío Paredes uno de los puntos en que se está fallando es que hacen falta otros incentivos que le garantizan a los miembros de la entidad una mejor calidad de vida y oportunidades para sus familiares.

"Hay que rehabilitarle el supermercado (El Paco); sistemas de ahorros y prestamos; ampliar el servicio médico para los agentes en todas las provincias e inclusive la creación de un hospital central; establecer un fondo de ahorro para el retiro; un seguro de vida cónsono con los riesgos a asumir; becas de estudios para sus hijos y hasta guarderías, todo esto podría ser atractivo para los aspirantes a policías", dijo Paredes.

El militar retirado no obvió el establecimiento de un salario digno.

El ex director de la PN, Ebrahim Asvat se mostró sorprendido por el anuncio. "Yo nunca he visto a un policía con tatuajes, ni con aretes", agregó.

Asvat dijo que flexibilizar los requisitos es una señal de que la Policía no está recibiendo suficientes personas en el proceso de reclutamiento.

Afirmó que los policías tengan tatuajes o aretes son detalles. Lo importante es que tengan presente que se requiere un cambio de actitud, agregó.

Del infructuoso proyecto CEMIS sólo quedan las vallas publicitarias


Delfia Cortez
PA-DIGITAL

Sólo las vallas publicitarias y los cortes a varias hectáreas de mangle, quedan del anhelado pero infructuoso proyecto de construcción del Centro Multimodal de Las Américas (CEMIS), en la provincia de Colón.

Seis años han pasado desde que surgió la propuesta de esta obra rescindida en el 2006, luego de salir a la luz pública acusaciones de corrupción, en la entonces Asamblea Legislativa, por el pago de sobornos a diputados para que se aprobara la ley que permitía el inicio de los trabajos.

El proyecto que sería la salvación de la provincia, por las oportunidades de empleo que brindaría a los colonenses nunca prosperó.

Nilda de Quijano, gerente de la Zona Libre, indicó que rescindió el contrato en junta directiva, tras considerar que el proyecto nunca caminó y habían muchas situaciones que no la hacían ver como serio.

"Consideramos que es un proyecto que se presentaba como positivo, pero pasó mucho tiempo y había que buscar la productividad de esas tierras", dijo Quijano.

En la actualidad, en los terrenos donde se tenía previsto desarrollar el CEMIS, la Zona Libre de Colón ha dispuesto la construcción de nuevas empresas y calles para ampliar las operaciones.

Oposición.
En tanto Rafael Solano, asesor y promotor del Proyecto CEMIS, dijo que es lamentable que se haya rescindido un proyecto tan productivo para la provincia de Colón.

"Consideramos que había mayor beneficio para la provincia si se hubiese reevaluado con otra empresa esta obra, que ceder sus tierras", acotó.

Precisó que esto generaría mayor ventaja que el arriendo o venta de ese lote, ya que además ese proyecto tenía refrendo del Banco Mundial que lo calificó como bueno para el desarrollo económico.

Según Solano, anteriores juntas directivas de la Zona Libre habían visto con buenos ojos el CEMIS para complementar las actividades comerciales.

Proyecto.
La obra valorada en 400 millones de dólares sería ejecutada por el Consorcio San Lorenzo.

Se pensaba construir un parque industrial y un aeropuerto internacional, que sería utilizado para la llegada de mercancía y para los vuelos charter, con el fin de reactivar el turismo en la Zona Libre.

Este proyecto fue designado mediante la ley 3 del 2001, que daba en concesión 303.7 hectáreas de terreno.

Un fenómeno monetario


Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com

Panamá presumió, por lo menos durante los últimos 40 años, de no tener inflación y estar por debajo, inclusive, de la de Estados Unidos.

Por ende, este fenómeno no era motivo de preocupación para nadie. Era una realidad distante, de la que solo se sabía por noticias de lo que se vivía en otros países. Una economía dolarizada no tenía porqué estar expuesta a estos vaivenes.

Los consumidores se escandalizaban cuando iban al súper y se percataban de que algún artículo había aumentado cinco o diez centésimos, después de permanecer más de un año con el mismo precio.

Pero la inflación ya no es cosa de otro país. Los titulares de los medios locales dan cuenta de este fenómeno con el que los panameños no están familiarizados.

Los precios de los bienes, servicios, transporte y alimentos suben de un mes para otro y los consumidores se sienten impotentes ante este nuevo fenómeno.

Son varios los factores que se han conjugado para provocar la escalada en precios. No solo está el encarecimiento del petróleo, principal causa del alza en el transporte, de la energía, y de los costos en las cadenas de producción, sino que "convergen fenómenos de oferta con fenómenos de demanda: la tormenta perfecta", señala un análisis de la firma consultora Indesa.

En el caso de los alimentos, Indesa atribuye los incrementos a: la demanda por proteínas de habitantes de China, India y otros países emergentes; a la política de sustitución de combustible por etanol de maíz, y a las sequías en Australia, Nueva Zelanda y Ucrania.

Pero aparte de ello, hay dos elementos que pesan en la economía panameña: la devaluación del dólar, a la que los panameños tampoco estamos acostumbrados, porque era la moneda de referencia hasta que llegó el euro; y el aumento de la oferta monetaria.

Para Manuel Brea, profesor de finanzas y negocios de la Escuela de Postgrado de la Universidad Santa María La Antigua, este es un fenómeno "estrictamente monetario", que está en función a los niveles de oferta de la moneda.

En Panamá, recordó, la inflación nunca había sido un problema (salvo ciertas fechas en la década de 1980), pero en esos momentos la inflación era menor a la de Estados Unidos, porque en Panamá esa oferta monetaria se ajustaba a la actividad económica.

"Cuando la oferta monetaria era superior a la actividad económica, ese excedente salía de Panamá en forma de inversiones que se hacían en el extranjero, por ende no había –o no se sentía– un incremento en los precios", explicó.

Pero hoy, la oferta monetaria se ha incrementado y excede los niveles requeridos por la actividad económica. Además, las inversiones extranjeras que están llegando al país también contribuyen a incrementar la oferta monetaria.

Brea asegura que hay poco margen de acción para contrarrestar sus efectos. "Como la inflación es un tema eminentemente monetario, la solución tiene que ser eminentemente monetaria. Es contraproducente la regulación de precios, además de anacrónico".

En el corto plazo, esta situación está para quedarse. Es aconsejable entender el fenómeno y aprender a vivir con él. Por ejemplo, exigiendo mayores rendimientos en los bancos para compensar la inflación.

Académicos difieren en el origen de la inflación

El porqué de la inflación es fuente de un debate entre académicos y economistas. La definición más común y la utilizada por el público en general, es aquella de un alza generalizada de los precios.

Pero este significado solo muestra lo que está ocurriendo con los precios y no la razón de esta variación. Es aquí donde se dividen los campos académicos.

Para unos, toda inflación solo se puede deber a un aumento desproporcionado de la oferta monetaria (la cantidad de dinero en la economía) frente al crecimiento de la economía. Así, lo que se ‘infla’, es la cantidad de dinero que hay. Esto causa que baje el valor de la moneda respecto a los productos y servicios.

Otros opinan que la razón principal de un alza generalizada de los precios, es un aumento importante de la demanda de productos o servicios frente a la oferta de éstos. Por ejemplo, el Estado y el sector privado aumentan su demanda de productos y servicios a través de la obtención de préstamos, y eso presiona los precios.

Torrijos rompió el silencio: ‘yo no soy hijo de papi ni mami’


Santiago Fascetto
Unidad de Investigación

sfascetto@prensa.com

"Yo tengo todo el derecho de ganarme la vida para darles de comer a mis hijos; no soy hijo de papi y mami que me hereden dinero para no trabajar", dijo ayer el presidente, Martín Torrijos, al responder las críticas sobre el polémico contrato que firmó –a través de una sociedad suya– con el Gobierno de República Dominicana el 23 de febrero de 2001.

Torrijos se refirió por primera vez al acuerdo –que reveló La Prensa el último lunes– durante la inauguración del Proyecto Integral de Riego Remigio Rojas, en Chiriquí.

"Pueden estar seguros de que no he hecho nada ilegal ni inmoral, y como panameño y padre de familia tengo derecho a ganarme la vida", agregó el mandatario.

Torrijos recordó, además, su formación académica y su posterior experiencia profesional para justificar su participación en el contrato de consultoría que firmó –junto con Ubaldino Real y Luis Blanco– con la Secretaría de Obras Públicas, en aquella época en manos de Miguel Vargas Maldonado.

Desde la isla del Caribe, las versiones de los otros protagonistas del negocio eran diferentes. El vocero de Vargas Maldonado, Carlos Gabriel García, negó que el mandatario haya tenido algún tipo de vínculo con el contrato. "Martín Torrijos nunca fue asesor de República Dominicana", dijo ayer. Según García, la persona que asesoró a Vargas Maldonado fue Blanco. "Él tenía mucha experiencia en concesión", afirmó al programa radial Nuria & Huchi de la cadena dominicana CDN.

García, quien no atendió las repetidas llamadas que le realizó ayer este diario, afirmó que el contrato de asesoría con el trío Torrijos-Real-Blanco fue "el más transparente que se haya firmado en un país".

Constructores y Consultores S.A., a través de un consorcio internacional con la sociedad dominicana Land & Construction, firmó entre febrero de 2001 y julio de 2004 un contrato de consultoría por el que facturó 300 mil dólares anuales. En los registros oficiales no hay constancia de que se haya cumplido. Pero, además, habría violado las leyes de contratación pública vigente en aquel momento. (Con información de Sandra Alicia Rivera)

Torrijos y Vargas M. se contradicen

Santiago Fascetto
Unidad de Investigación

sfascetto@prensa.com

Los propios protagonistas no se ponen de acuerdo: ayer mientras que el presidente, Martín Torrijos, exaltó su formación académica y profesional para defender su participación en el contrato de consultoría que firmó con el Gobierno de República Dominicana en 2001, el vocero de Miguel Vargas Maldonado, Carlos Gabriel García, negó que el jefe de Estado panameño haya tenido algún tipo de intervención en el polémico acuerdo.

Por primera vez desde que se hizo público el negocio, el Presidente Torrijos habló: "Hoy se asombran de que tenía la capacidad para tener una participación dentro de una empresa que realizaba actividades tanto en Panamá como en el extranjero", dijo, tras recordar que antes se cuestionaba la fuente de sus ingresos.

Desde República Dominicana, en tanto, la versión sobre la participación de Torrijos en el contrato de consultoría – a través de la sociedad Constructores y Consultores S.A.– que llevó adelante junto con Ubaldino Real y Luis Blanco era negada. Y en forma enfática: "Martín Torrijos nunca fue asesor de República Dominicana", aseguró ayer García.

Y agregó que la persona que asesoró a Vargas Maldonado en la Secretaría de Obras Públicas fue Blanco, actual consejero de Torrijos.

Fondos públicos costean club privado



BENEFICIOS. El club tiene hoy 4.3 hectáreas en Avenida Balboa. De esa cantidad, apenas 8 mil 88 metros cuadrados (menos de una hectárea) corresponden a terrenos propios.

Mónica Palm
Unidad de Investigación

mpalm@prensa.com

Hace 49 años, la Asamblea Nacional le regaló al Club de Yates y Pesca un terreno en la Avenida Balboa, a un costado del parque Anayansi, para que los socios de ese centro recreativo atracaran sus botes en la bahía de Panamá. Mucho después, cuando ya había realizado rellenos que sobrepasaban la propiedad, el club logró una concesión de 2.06 hectáreas con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por la que paga un centavo por metro cuadrado al mes.

Ahora el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tendrá que reservar 9.8 millones de dólares para un relleno de tres hectáreas que dará al club, ya que el terreno –de unos 8 mil metros cuadrados– que hace medio siglo le regaló la Asamblea, será integrado a la cinta costera junto con las 2.06 hectáreas dadas en concesión por la AMP.

Así, de las 35 hectáreas que construirá la empresa Norberto Odebrecht –contratista del MOP para el proyecto de la cinta costera–, tres serán para uso de los socios del Yates y Pesca. El trato ya fue acordado por el MOP con el club. Este, sin embargo, no es el único acuerdo privado alcanzado por esa entidad estatal, en aras de la construcción de la cinta costera.

El hotel Intercontinental Miramar también se beneficiará de la obra. Con el permiso del MOP, construirá carriles para comunicar la cinta costera con su marina y su helipuerto, y un estacionamiento privado, subterráneo, para 300 automóviles, en el área pública.


Un hotel y un club privado en un parque público

De las 35 hectáreas de relleno marino que hará la constructora Norberto Odebrecht, en la Avenida Balboa, tres serán destinadas para el uso exclusivo de los socios del Club de Yates y Pesca.

La cuenta la paga el Estado. Al hotel Intercontinental Miramar se le permitirá construir un carril de acceso a su helipuerto y otras facilidades que estarán integradas a la cinta costera, en compensación por la afectación que sufrirá su rompeolas.

No se sabe si la cinta costera va a "mejorar la calidad de vida y ocio de los panameños" –como prometió el Ministerio de Obras Públicas (MOP)–, pero el proyecto, en plena etapa de ejecución, ya ha beneficiado a unos cuantos.

El ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, confirmó que su oficina logró acuerdos con el hotel Intercontinental Miramar y el Club de Yates y Pesca –ambos localizados en Avenida Balboa– por la "afectación" que la cinta costera tendrá sobre ambos establecimientos.

Como parte de estos acuerdos, al Yates y Pesca se le cederán tres de las 35 hectáreas de relleno de mar que hará la constructora Norberto Odebrecht, por encargo del MOP. Odebrecht calculó que construir esas tres hectáreas costará 9.8 millones de dólares. Serán pagados por el Estado, ya que el costo de ese pedazo fue incluido dentro del precio ofertado por la constructora para toda la cinta costera: 189.1 millones de dólares.

Al Intercontinental Miramar, en tanto, se le otorgan facilidades para que integre instalaciones propias al proyecto vial.

Las prebendas dadas al hotel y al club podrían tener menos defensores que la fatídica rampa del Multicentro.

"El Yates ni siquiera va a ser erradicado, sino reubicado... Esto demuestra que en este país prevalece el bienestar individual y no el colectivo, porque evidentemente estas estructuras van a afectar lo poco bien que pudiera pensarse que es el proyecto", opinó el biólogo Ariel Rodríguez.

Las protestas vienen también del seno del propio Yates y Pesca. Su fundador y primer presidente, el arquitecto Ernesto de la Guardia III, opinó que el club debió operar dentro de su terreno original, en lugar de tomarse la playa indiscriminadamente.

"Con [Demetrio] Lakas se dio rienda suelta y empezaron a hacer estos rellenos", recordó de la Guardia. En total, el área que el club rellenó (con y sin permiso del Estado) es de 4.3 hectáreas, según los planos de 1995 y 1997 que reposan en la Dirección de Catastro, a los que tuvo acceso este diario. Una historia de rellenos de hecho, luego legalizados por concesiones dadas por los gobiernos de turno.

Por culpa de esos rellenos, una vez el Ministerio Público presentó una demanda de bien oculto del Estado contra el Yates y Pesca, en 1993. Siete años después, en 2000, la Sala Civil de la Corte Suprema ordenó al club devolver a la Nación una hectárea de playa. No se sabe si el condenado devolvió o no algo; cuando se intentó contactar a Alonso Arias, presidente del Yates y Pesca, este no atendió el requerimiento de este diario.

Un pedazo del pastel

Además de entregar al club las tres nuevas hectáreas de relleno, el MOP –según una adenda al pliego de cargos– exigió a Odebrecht que la marina se mantenga "en el mismo lugar actual y con las mismas características".

A cambio de todo esto, el club deberá ceder a la Nación, sin costo, una finca (la número 30147) de 8 mil 88 metros cuadrados. Por años estuvieron ahí las oficinas, el bar y el restaurante de ese centro recreativo; ahora es el "campamento" de Odebrecht.

Pero sucede que esa finca que el Estado pretende recuperar, a cambio de tres hectáreas de relleno, eran originalmente propiedad de la Nación. En 1959, por medio de la Ley 3 del 26 de enero de ese año, la Asamblea traspasó al club la finca 30147. "El club no pagó absolutamente nada", recordó Ernesto de la Guardia.

Sin embargo, ahora la Nación terminará indemnizando al club por el regalo.

Esa finca, según el propio Colamarco, vale hoy unos 40 millones de dólares. Con esos cálculos, el ministro siente que está cerrando el negocio de su vida.

"Pregunta cuál es el valor de las propiedades adyacentes a la Avenida Balboa, y te darás cuenta de que la última vez que vendieron fue a 5 mil dólares el metro cuadrado", dijo Colamarco. Su viceministro, Luis Manuel Hernández, agregó que eso fue lo que pagó el empresario de la Zona Libre de Colón, Fred Harrick, por la sede de APEDE, el año pasado.

Además de la finca original, el club tiene una concesión de 2.06 hectáreas colindantes por las que paga un centavo el metro cuadrado, es decir, 206.28 dólares mensuales. Un canon que en la propia Autoridad Marítima de Panamá (AMP) consideraron en su día "irrisorio, prácticamente un regalo", como advirtió Arturo Mondol, director de Fiscalización y Control Institucional de esa entidad durante la administración de Hugo Torrijos.

Torrijos fue quien pactó el contrato de concesión, en 1997, con Augusto Samuel Boyd, entonces presidente del Yates y Pesca, a fin de que el club construyera en ese espacio un rompeolas, atracaderos, muelles flotantes y galeras. Torrijos cerró el contrato, pese a que el Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy MEF) promovía desde hacía cinco años una denuncia de bien oculto del Estado en contra del club, por la apropiación ilegal de playa.

Si se toma en cuenta el canon pactado en el contrato, el club habría pagado, en los últimos 10 años, 24 mil 753 dólares por el uso de 2.06 hectáreas en un área que, según el propio Colamarco, hoy cuesta 5 mil dólares el metro cuadrado.

Aunque el contrato de 1997 especifica que la AMP puede dar por terminada la concesión con el club "por motivo de utilidad pública o interés social" –y la cinta costera supuestamente lo es o el gobierno reculó–, Colamarco dijo que su despacho optó por transar con el Yates y Pesca, para así evitar entrar en un litigio que habría durado "10 ó 15 años".

Según el MOP, el club acordó dejar ya sin efecto su contrato con la AMP, aunque este tenía vigencia hasta el año 2017.

Una mirada al Miramar

Diseñada la cinta costera, ¿por dónde pensó el MOP que iban a entrar y salir los turistas del hotel Intercontinental Miramar?

No se sabe si el proyecto estaba mal planificado o si se trata de una jugada premeditada, pero una vez terminada la cinta costera, el hotel quedará con áreas verdes en cada costado, y con paños viales por el frente y por detrás. Ni la estatua de Balboa corrió suerte parecida.

"Comprenderás que tumbar el hotel era complicado... En 1992, yo no les hubiera dado chance de estar ahí, pero, ¿qué se puede hacer cuando hay un título de propiedad privada?", se quejó Colamarco.

El hotel funciona actualmente sobre dos fincas propias que suman 4 mil 102.23 metros cuadrados y una concesión dada por el Estado en 1993, para un área de 24 mil 382 metros cuadrados repartidos así: 7 mil 500 de fondo de playa y 16 mil 881.81 metros cuadrados de fondo de mar. El canon de todo esto: dos centavos mensuales el metro cuadrado, ó 488 dólares al mes, que serán incrementados en un 5% anual.

Herman Bern, dueño del Intercontinental Miramar, dijo que la cinta costera "romperá en dos" su rompeolas.

"Estamos adecuando las concesiones, porque van a sufrir los metrajes que tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con fondo de mar", dijo Bern.

Con el aval del MOP, el hotel construirá un túnel debajo de las nuevas vías, un carril de acceso a la marina y al helipuerto del hotel, y un semisótano para 300 estacionamientos de una hectárea. Sobre este semisótano, Bern dijo que habilitarán otros 300 estacionamientos, de carácter público.

Carrera contra reloj

A lo interno del gobernante PRD, la cinta costera –que es el gran legado que pretende dejar Martín Torrijos– goza de amplia aceptación. No se puede decir lo mismo de los acuerdos privados alcanzados por el MOP.

El precandidato presidencial de ese partido y alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, opinó que el Yates y Pesca simplemente debería mudarse a otra parte, "para que toda esa área verde sea de uso público". Dijo que así lo recomendó en la junta de planificación municipal, que es la encargada de velar por el ordenamiento de la ciudad.

No se pudo conocer la opinión de la ministra de Vivienda (rectora de la planificación urbana) y rival de Navarro en las internas del PRD, Balbina Herrera, ya que dijo que primero se informaría del tema con Colamarco.

Como sea, Odebrecht tiene que terminar la cinta costera en 540 días calendario. Eso significa, según los cálculos del ministro, que la inauguración será en junio de 2009. Torrijos –quien termina su gestión presidencial dos meses después de la entrega de la obra– ya debe estar afilando las tijeras.

Reestructuran a Dell Panamá


La compañía consolida en Panamá las operaciones de ventas a Pymes en todos los países latinoamericanos.

El segundo mayor fabricante de computadoras informó ayer que cerrará su planta en Austin, Texas.


Wilfredo Jordán Serrano

wjordan@prensa.com

Dell Panamá anunció ayer que está consolidando operaciones de ventas a pequeñas y medianas empresas y ventas comerciales de América Latina aquí en Panamá, mientras que las ventas al consumidor de la región se consolidarán en El Salvador.

La decisión ha implicado el despido de un número determinado de colaboradores no revelado por la empresa, pero según los afectados se aproxima a los 400 colaboradores, además del traslado de personal existente a otros puestos.

"Como parte de esta transición, estamos expandiendo el grupo Pymes y Comercial en Panamá. Igualmente, algunas operaciones de ventas al consumidor de Estados Unidos se consolidan en otras áreas dentro de la red de Dell", dijo Mercedes Morris, gerente de Comunicación Corporativa de Dell Panamá.

En junio de 2007, Dell Computer Corp. anunció que reducirá en un 10% su fuerza de trabajo global en un nuevo intento por lograr bajar costos. En ese momento, la compañía tenía una fuerza total global de trabajo de más de 88 mil empleados y esperaba dejar sin empleo a más de ocho mil de ellos, en 12 meses.

Conforme a este anuncio, Dell Panamá con dos mil empleados también pudiera ser uno de las divisiones afectadas por esta política.

Sin embargo, la empresa ha asegurado que Panamá es un sitio "importante" para ellos y que de ninguna manera piensan mudar sus operaciones.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral informó que el artículo 212 del Código de Trabajo le permite a las empresas despedir a aquellos trabajadores que tengan menos de dos años de servicio continuos. Si la antigüedad es mayor a dos años y el trabajador no está de acuerdo con la medida, puede recurrir al Ministerio de Trabajo, dijo el director Nacional de Trabajo, Rodolfo Stanziola.

La compañía establecida en Panamá hace cinco años, reclutó personal y luego lo capacitó para responder a las necesidades de servicios al cliente.

"Nuestra meta es y siempre será colocar a los colaboradores involucrados en transiciones como esta en otras posiciones dentro de la empresa, siempre que sea posible, para brindar oportunidades de desarrollo profesional y retener nuestro talento", dijo Morris.

Paralelamente, el segundo mayor fabricante de computadoras informó ayer que cerrará su planta en Austin, Texas y prevé ahorrar 3 mil 300 millones de dólares, en un plazo de tres años. El cierre de esta empresa implica el despido de unos 900 empleados.