Thursday, December 18, 2008

"Negligencia" del Gobierno preocupa al sector privado

Michelle Domínguez
PA-DIGITAL


Las exportaciones anuales a Europa suman un aproximado de 360 millones de dólares.

Las medidas que implemente el Gobierno para ayudar a los exportadores panameños deben cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para evitar una doble afectación.

Así lo advirtieron ayer representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ante la exclusión que sufrió el país del Sistema General de Preferencias (SGP-Plus).

Este sistema brindaba a Panamá facilidades para exportar con un arancel reducido 7.200 productos hacia Europa.

Según José Ramón Varela, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, pronto se debe crear un mecanismo como el Certificado de Abono Tributario (CAT) de más tiempo, un incentivo provisional, o un "eurobono".

No obstante, Juan Francisco Kiener, expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá, aseguró que todo subsidio a la exportación, como un "eurobono", puede ser cuestionable por la OMC.

"Pero, si fuese para favorecer la producción nacional junto a la exportación, podría ser aceptable", indicó.

Para Kiener, el problema ahora es que la solución que se dé no compensará ni tendrá el mismo efecto que el SGP-Plus y la relación con la UE.

Anualmente las exportaciones a Europa ascienden a un aproximado de $360 millones, según datos de la Cámara de Comercio.

Por su parte, Domingo Latorraca, economista y expresidente de este gremio empresarial, manifestó que el país tendrá una pérdida estimada de $60 millones, sólo en pago de aranceles tomando el arancel más bajo de 10%, sin contar las posibles afectaciones de los negocios.

Productos como la sandía, el melón y la piña enfrentarán ahora dificultades en el mercado, afirmó el economista.

Una de las preocupaciones del gremio empresarial, luego de la competitividad de los productos, es el impacto que tendrá en un futuro cercano la "negligencia" del Gobierno en la economía del país.

Esperanzas de los jubilados se esfuman


Las malas noticias para los jubilados llegaron al final de la tarde de ayer.

El director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, aseguró que la institución no aguantaría un incremento de las pensiones de los 181 mil jubilados.

Durante el cuarto día de protesta para exigir un aumento de 25 dólares en las pensiones, la Asociación de Jubilados Independientes volvió a cerrar la vía Transístmica, pero esta vez los quejosos cerraron solamente dos de los cuatro paños de la carretera.

El vocero del grupo, Eladio Fernández, dirigente de la asociación, recalcó que el dinero debe salir del Gobierno central.

Cumbre no incluye ultimátum a EU por embargo a Cuba


COSTA DO SAUIPE, Brasil (AP). -La declaración final de la cumbre de líderes de América Latina y el Caribe no incluyó hoy miércoles la propuesta del presidente boliviano Evo Morales de expulsar a los embajadores estadounidenses de sus países si la próxima administración estadounidense no levanta el embargo económico a Cuba.

El anfitrión de la cita, Luiz Inácio Lula da Silva, comentó en el cierre de la cita que era mejor dar tiempo a Obama a que asuma el poder y defina su política hacia América Latina.

Morales había planteado imponer un plazo para que el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, ponga fin a las sanciones contra Cuba, bajo pena de retirar a sus embajadores.

"Quiero hacer una propuesta que a muchos no les va a gustar: darle un término al nuevo gobierno norteamericano para que levante el bloqueo económico (contra Cuba)", expresó durante la cita de gobernantes de América Latina y el Caribe en el noreste brasileño. "Si el nuevo gobierno no levanta el bloqueo económico, nosotros levantamos a sus embajadores", dijo Morales durante la cita, en la que participó el gobernante cubano Raúl Castro en su primer viaje a Brasil como jefe de estado.

No obstante, su iniciativa no fue incluida en la declaración final de la cumbre ni generó mayor respaldo entre los asistentes al foro. "Tenemos que tener prudencia y diplomacia y esperar que Obama tome el poder. Estoy esperanzado de que habrá un cambio en la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe", expresó Lula.

Venta de islas y playas enfrenta al gobierno


leonardo flores
lflores@prensa.com

La polémica por la aprobación del proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país ha enfrentado a altos funcionarios del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Nacional.

El diputado Pedro Miguel González, quien preside la Comisión de Hacienda, se comprometió ayer a aprobar el documento antes del 31 de diciembre, a pesar de que reconoció que el gobernante, Martín Torrijos, le advirtió que si la iniciativa no tiene el consenso, no le daría el visto bueno presidencial.

Pero la comisión creó una subcomisión que deberá entregar, la próxima semana, un borrador para que sea aprobado en primer debate.

Durante la reunión de ayer González manifestó, además, que ni el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ni el contralor general de la República, Carlos Vallarino, aprueban el proyecto original ni las modificaciones hechas la semana pasada.

Por ello, González pidió públicamente a los defensores del proyecto que acudan a los medios de comunicación y conversen con los candidatos presidenciales para hacer la lucha, ya que los diputados no pueden solos.

El Contralor, quien estuvo anoche en el pleno legislativo por otro tema, fue abordado por este diario para que ampliara la información. No obstante, dijo que antes de emitir comentarios debía hablar con el presidente de la comisión.

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas envió una carta a la Asamblea para manifestar su disconformidad con el proyecto que ha levantado voces a favor y en contra.

Quienes lo defienden alegan que lo que se busca es transformar derechos posesorios en títulos de propiedad, para que los dueños puedan entrar a la economía formal al ser sujetos de crédito bancario.

No obstante, quienes se oponen –entre ellos los candidatos de oposición a la Presidencia–, alegan que detrás hay un negociado en el que los que se beneficiarán son políticos e inversionistas que nada tienen que ver con campesinos.

Asamblea insistirá en proyecto de titulación

Pese a la advertencia que hizo el presidente, Martín Torrijos, de que vetará el proyecto de ley que busca titular las islas y costas si se aprueba sin consenso, el diputado Pedro Miguel González dijo ayer que continuará la discusión hasta que la iniciativa pase el primer debate.

Para ello creó una subcomisión que se encargará de recoger, de forma permanente esta semana, todas las inquietudes y sugerencias para elaborar un borrador de proyecto que debe ser aprobado en primer debate la próxima semana. “Me comprometo a llevar a votación el proyecto antes del 31 de diciembre”, dijo González.

La oposición, tanto al proyecto original como a las modificaciones –según dijo González–, también viene de parte del contralor general de la República, Carlos Vallarino, y del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

A ellos se suman los candidatos presidenciales de la oposición, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, quienes han dicho que la venta de las islas y costas es un negociado del gobierno, que el propio presidente Torrijos le sacará provecho.

González, quien preside la Comisión legislativa de Hacienda, pidió a los defensores del proyecto que asistan a los medios de comunicación a hacer la lucha y que hablen con los candidatos presidenciales, ya que ellos solos no pueden.

También dijo que hay diputados de oposición que están pidiendo que se suspenda la discusión por el costo político, pero que él lo llevará a cabo. Igualmente manifestó que había recibido sugerencias de que el proyecto fuera enviado a la Concertación Nacional para el Desarrollo para su consenso.

En tanto, el productor agropecuario de la región de Azuero y dueño de derechos posesorios Abel Domínguez dijo que pese a que la ley le hace justicia a pequeños propietarios de costas y parcelas insulares, no se garantiza un freno al “juega vivo” de los políticos e inversionistas porque no hay estudios socioeconómicos en las áreas de costas e islas. Opinó que lo adecuado es legislar sobre los tribunales agrarios, como lo propuesto por la Corte Suprema de Justicia, y luego sobre este tema.