Mónica Palmmpalm@prensa.com Miramar Development Corporation –operador del hotel Miramar Intercontinental– reanudó los trabajos de construcción de un sótano para estacionamientos, en el corazón de la cinta costera, luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno.
Las obras habían sido suspendidas en agosto por Ingeniería Municipal, por no contar con los permisos necesarios.
Ahora la situación es diferente: hace un mes, el contralor, Carlos Vallarino, refrendó un contrato con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que le otorga a Miramar la concesión de casi una hectárea para construir 331 estacionamientos bajo tierra.
La concesión es por 20 años prorrogables. El primer año, el canon se fijó en $21 mil 515 mensuales ó 65 dólares por estacionamiento. A partir del segundo año, el canon tendrá un incremento mensual de 0.41%, lo que equivale a 5% anual.
Sin embargo, Miramar se descontará del canon a pagar, los gastos en que incurra por construir los estacionamientos, más un cargo por intereses anuales.
Estos porque, según el contrato, el Estado reconoce los $4.75 millones que invertirá Miramar en los trabajos de construcción como un crédito. Además, se le reconocerá en favor de la empresa un interés anual de 5.35% por su “inversión”.
Esos intereses, a 20 años, suman $3.7 millones.
Ambas cifras (el monto de la inversión más los intereses) totalizan $8.45 millones.
Y esta es la misma cantidad que, según el contrato, corresponde a la suma de los cánones que por 20 años de concesión debe pagar el Miramar al Estado.
En pocas palabras, lo que tendría que haber pagado es exactamente igual a lo que invirtió en construir, más los intereses.
Estacionamientos del hotel Miramar, cortesía de la Nación
El contrato dice que el canon por la concesión es de 65 dólares por estacionamiento al mes.
Agrega el documento que solo el primer año, el pago mensual será de 21 mil 515 dólares, y que el monto total de estos cánones en 20 años, será (con su incremento anual de 5%) de 8.45 millones de dólares.
Sin embargo, el Estado no recibirá este dinero. Nunca.
No lo recibirá, porque en ese mismo contrato se decidió que la inversión que haga el concesionario, que será de 4.7 millones de dólares con un interés de 5.35% anual, se reconocerá como un crédito.
De ese modo, Miramar Development Corporation se convirtió en “financista” del Estado, en la construcción de una obra que no tienen ningún fin público, sino privado, ya que será para uso exclusivo de un hotel.
Un canon a la medida
El contrato de concesión fue pactado el 7 de octubre de 2008, por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y el presidente de Miramar Development Corporation, Herman Bern Pittí. Hace un mes, el 29 de diciembre, fue refrendado por el contralor, Carlos Vallarino.
El acuerdo es para que el hotel Miramar construya 331 estacionamientos que estarán bajo suelo, en el corazón de la cinta costera.
El área concesionada es de 9 mil 410 metros cuadrados (casi una hectárea), contiguos a las actuales instalaciones del hotel, en la Avenida Balboa.
El MEF advirtió de que la concesión no puede ser utilizada para otros fines que no sean los estacionamientos. Estos serán considerados “propiedad de la Nación”. Miramar ejercerá la custodia, “como un buen padre de familia”.
Según la cláusula tercera del contrato, construir los estacionamientos soterrados requiere una inversión de 4.75 millones de dólares. A Miramar “se le reconocerá una tasa de interés de 5.35% anual capitalizable mensualmente, por la inversión financiada por la empresa y de propiedad de la Nación, en los 20 años de concesión” (ver facsímil).
Más adelante, el mismo contrato, en su cláusula novena, señala que Miramar “recuperará” el monto de su inversión (es decir, los 4.75 millones de dólares) y el interés de 5.35% anual, al “acreditar” esta cantidad a los cánones mensuales que se supone tiene que abonar al Estado.
La suma del monto total de la inversión y los intereses anuales (3.7 millones de dólares) totaliza 8.45 millones de dólares. Eso significa que Miramar no tendrá que pagar nada al Estado, ya que, se supone, ese es el monto que se calculó para los 20 años de concesión.
Se intentó contactar a Herman Bern, pero este no atendió los mensajes dejados en su teléfono celular y correo electrónico. Tampoco atendió la llamada su abogado, Dídimo Ríos.
Falsa promesa
Aunque no fue posible conocer la opinión de Bern, el contrato muestra una realidad que difiere con la versión dada anteriormente por sus empresas.
El 19 de junio de 2008, Empresas Bern circuló un comunicado en el que aseguró que el hotel asumiría “por completo” la inversión de los estacionamientos subterráneos, que entonces calculó en 4 millones de dólares. El propio Bern reconoció la importancia que tienen estos estacionamientos para el funcionamiento de su negocio.
El 17 de julio de 2008, le escribió al director de Catastro, Mariano Quintero, para pedir la pronta aprobación de la concesión, “ya que se requiere contar con estos estacionamientos para la normal operación del hotel antes de que los existentes sean eliminados por razón de la nueva obra”, en referencia a la cinta costera.
Esta es la segunda concesión estatal que obtiene Miramar, a fin de adecuar sus instalaciones ante las “afectaciones” que sufrirá como parte de la construcción de la cinta costera.
El 1 de septiembre de 2008, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le otorgó un permiso provisional para el uso de 5.3 hectáreas de fondo de mar, para la reubicación de la marina del hotel. Por esta área, el canon fijado fue de 11 centavos por metro cuadrado ó 5 mil 897.91 dólares mensuales.
Anteriormente, la marina, el helipuerto, el lobby y los estacionamientos del hotel estaban ubicados sobre una concesión vencida desde 2005, por la que Miramar pagaba 2 centavos por metro cuadrado.
La cinta costera, según el MOP, será inaugurada en junio, en el ocaso del gobierno de Martín Torrijos.
