Wednesday, June 3, 2009

Una ciudad depredada

TEXTO: Mónica Palm
FOTOS: CARLOS LEMOS

panorama@prensa.com

El sitio web de la Alcaldía de Panamá, en el link correspondiente a Ingeniería Municipal, dice que “impulsa y fortalece el ordenamiento del desarrollo urbanístico y la infraestructura municipal, mediante el control y aplicación de las normas de Desarrollo Urbano”.

Pero un vistazo por las calles de la ciudad muestra que, en la práctica, sucede otra cosa. Un recorrido da ejemplo del caos.

Por todas partes hay incumplimiento de las normas de construcción. Violaciones que se repiten una y otra vez. Si se hiciera un balance de nuestra realidad urbana, ¿cómo se habría de valorar el desempeño de Jaime Salas, ingeniero municipal por los últimos cinco años? ¿Cuál sería su legado, a 34 días de dejar la jefatura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales?

Las Torres de Babel

A lo largo de Avenida Balboa y Punta Pacífica se construyen las torres más altas de Latinoamérica. La mayoría tiene un volumen que sobrepasa la línea de construcción o invade el espacio público, incumpliendo todas las disposiciones relacionadas con el libre y seguro tránsito peatonal por las aceras.

El Acuerdo Municipal 148 de 2006 obliga a los constructores a colocar vallas perimetrales, e instalar redes de retención de escombros, mallas de protección y cobertizos sobre las aceras, “para garantizar la libre y segura circulación de los peatones”. Eso no lo saben, por ejemplo, en el proyecto hotel Emperador en Bella Vista, calle 49, donde no se tomaron estas medidas; más bien, lo contrario: en la entrada montaron una puerta cochera que invade por completo el espacio público.

El mismo acuerdo dispone que las aceras solo pueden utilizarse “temporalmente” para cargar y descargar materiales, “guardando un espacio que no ocupe más de 1.20 metro lineal del largo de la acera por el 40% de su ancho”. Y si no hay acera, toda la carga y descarga deberá realizarse dentro de la propiedad. No obstante, en un lugar tan a la vista de las autoridades como Obarrio, este diario constató que una obra que se levanta en la cuadra lateral al Parque Harry Strunz, se ha apropiado de parte de él para colocar ahí sus materiales.

Se supone que todo esto lo debe vigilar la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Los infractores se exponen a multas que van de 50 dólares a 100 mil dólares, y no podrán reanudar la obra hasta pagar y rectificar. Las multas las impone el Ingeniero Municipal.

Salas no precisó a cuánto asciende lo recaudado durante su gestión, que empezó el 2 de septiembre de 2004. Aunque le prometió a este diario que haría llegar la cifra Eso nunca sucedió.

Un puente brillante

¿Otro legado de Salas? Una servidumbre privada, encima de un río.

Luna Brillante, S.A., operadora del Multicentro, construye un puente vehicular sobre la desembocadura del río Matasnillo para unir así el boulevard Elhayek (a un costado del centro comercial y del hotel Decápolis) con una pequeña calle sin salida, denominada Barreduela A, en Marbella.

Se trata de la misma empresa que, en el año 2003, intentó construir una rampa de acceso al Multicentro, hasta que un fallo de la Corte Suprema frustró sus planes.

La construcción del puente se da sobre fincas que pertenecen a Luna Brillante. En Barreduela A –originalmente, un conjunto de apenas 11 casas y un edificio de 12 apartamentos– la empresa compró varios dúplex que ya demolió. Ahí levantó los pilotes del puente.

Los vecinos alegan que la calle es muy estrecha, con solo dos paños y una función “muy local”. Esa callecita será ahora una de las entradas al hotel y al mall. No es difícil imaginar el congestionamiento vehicular que se avecina.

Patrimonio en peligro

De los desafíos a las normas de urbanismo no se salva ni el Casco Antiguo, desde 1997 declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el ocaso de su gestión, Ingeniería Municipal ha permitido que se reanuden las obras de un edificio de seis pisos en San Felipe, a pesar de que la norma dice que en ese sector no pueden haber inmuebles de más de cuatro pisos.

Salas, incluso, ignoró la petición de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, que el 3 de abril de 2009 solicitó la paralización “indefinida” de las obras, al comprobar que lo que se hacía en campo no se parecía en nada a lo aprobado en planos.

Pero Salas tiene otro criterio. “Lo que está en el plano es lo que ellos tienen construido”, dijo recientemente en una entrevista.

Le sobran las advertencias de la posible falsificación de esos planos. Incluso, hay una denuncia penal en curso abierta en el Ministerio Público.

Pero como la denuncia la puso una asociación sin fines de lucro (Icomos Panamá) y no Patrimonio Histórico, Salas le quita validez.

“Ellos no son parte del proceso... Han presentado una querella en el Ministerio Público, que no sé de qué es”, dijo con desprecio.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (en formación) advirtió que si persisten las anomalías en el Casco Antiguo, se corre el riesgo de perder la calificación de Patrimonio Histórico de la Humanidad, con su consecuente impacto económico, ya que el barrio representa el segundo destino turístico de Panamá.

Vecina, ¿me pasa el taladro?

Otro resultado de la gestión de Salas: los permisos de ocupación. Entre 2008 y lo que va de 2009, Acodeco recibió 13 quejas de consumidores contra proyectos “que tienen permisos municipales de construcción y no cumplen con los estándares de construcción”.

Diana de la Guardia dice ser una de esas capitalinas que son víctimas de la irresponsabilidad de Jaime Salas.

Como Ingeniero Municipal, otorgó permiso de ocupación –desde julio de 2008– a un condominio frente al mar denominado Ocean One, en Costa del Este. Más de 10 meses después, el edificio no está terminado, según de la Guardia, residente del edificio de 75 apartamentos, aunque solo 28 están ocupados.

De la Guardia convive con electricistas, plomeros y desechos de la construcción, que alegremente almacenan en los lobbys y estacionamientos. No se sabe si algún día terminarán. Lo que más le molesta es que aunque no ha terminado su trabajo, el constructor del edificio ya cobró, puesto que el banco le desembolsó el 100% del monto de la hipoteca.

“Jaime Salas no mide el daño y las consecuencias que tiene el otorgar los permisos de ocupación cuando el apartamento no está listo”, se quejó.

Salas, en su defensa, señaló que el Acuerdo Municipal 116 de 1996 le faculta para otorgar permisos de ocupación “parciales” o cuando el inmueble se encuentre sin terminar “en lo que respecta a acabados”. Lo que no dice es que ese mismo acuerdo, en su artículo 60, excluye los “inmuebles incorporados o por incorporarse al régimen de Propiedad Horizontal”.

Adolfo Linares, presidente de la Cámara de Comercio y también residente en un edificio a medias, pero con permiso de ocupación, consideró que Salas está violando la ley “total, abierta y vulgarmente... Inclusive, es confeso”.

“Él solo puede hacer lo que la ley le permite, y el artículo 60 del Acuerdo 116 es claro al respecto”, acotó.

El promotor del P.H. Ocean One es Saúl Faska, de F&F Properties. Esta misma empresa es la responsable del Star Bay, cuya construcción está vinculada al derrumbe de una acera en Avenida Balboa, y del Porto Fino, en San Francisco, donde recientemente explotó un ducto de gas en el interior de un apartamento.

Cuando este diario le preguntó por Salas, Faska dijo tener muy buena opinión de la gestión de éste como Ingeniero Municipal.

¿Por qué el gremio constructor lo protege? ¿Qué responsabilidad le cabe al alcalde Juan Carlos Navarro? ¿Cómo llegó a ser Ingeniero Municipal? ¿Es compatible su cargo, con la operación de un negocio particular, vinculado al sector?

ENFOQUE
Una ciudad rebajada a la mediocridad

Brooke Alfaro*
brooke@cwpanama.net

OPINIÓN. En los últimos cinco años, los funcionarios del Mivi y del Municipio de Panamá han violado normas vigentes en materia de desarrollo urbano, dejando de lado su obligación de planificar para un ordenado crecimiento urbano.

Muchas veces parecieran estar al lado y en complicidad con algunos promotores interesados solo en lucrar. Por ello vemos cómo una bella ciudad es hoy un ejemplo de mediocridad, en la que la calidad de vida empeora a diario. No han implementado un existente Plan Metropolitano de Desarrollo, lo dejaron engavetado o es manipulado a su conveniencia. Por ejemplo, el Plan, aprobado por Decreto Ejecutivo, señala que los manglares y humedales de Tocumen y Juan Díaz son reservas ecológicas y áreas verdes no desarrollables, pero increíble como suena, lo violan para permitir en muchas de estas áreas un desarrollo residencial. Y no fue por falta de terreno. ¿A conveniencia de quién lo hicieron? Ciertamente no de la ciudad.

Perdimos una oportunidad de oro para hacer algo exquisito en Amador. Punta Pacífica parece un gueto de lujo, sin un solo parquecito público. Se nos fue Bella Vista y con ello parte de nuestra identidad y herencia histórica. San Francisco se transforma de forma caótica. Se irrespetan las normas del Casco Antiguo y áreas revertidas, etc.

Nunca antes se han visto tantas comunidades organizadas para tratar de proteger los barrios donde viven. De poco ha servido. Las “consultas públicas” son un show, pues al final el Mivi y el Municipio hacen lo que les viene en gana, como vimos recientemente en las áreas revertidas.

Allí todas las comunidades rechazaron múltiples proyectos por ilegales e impopulares, pero los funcionarios, sin ninguna pena, procedieron a cambiar la ley. Por ello ya no tendremos en Panamá una “ciudad jardín” y muchos bosques urbanos serán reemplazados por barriadas de lujo y edificios altos.

Como sociedad civil debemos demandar un ordenamiento territorial para la ciudad. En caso contrario, seguiremos teniendo áreas diseñadas para densidades bajas con grandes edificios y los consecuentes tranques y colapso de la infraestructura. Seguiremos teniendo ministros que regalan valiosos terrenos de parques públicos para hacer clubes privados; más hoteles que obstaculizan la vista a la bahía y troncan vías primarias; menos áreas verdes, y más Figalis brotando impunemente por todos lados.

*El autor es arquitecto y pintor

Hotel el emperador En calle 49, Bella Vista. Un ejemplo de apropiación del espacio público. Ingeniería Municipal tiene poder para imponer las sanciones que contempla el Acuerdo 148 de 2006. Midrasha talmud torah Sinagoga en Bella Vista, en fase de ampliación y remodelación. La nueva infraestructura se toma espacio público.
Marina Park En el corregimiento de Bella Vista. El piso superior invade la línea de construcción. Punta Marina Edificio de dos torres de 57 y 47 niveles, en la calle Heliodoro Patiño, en Punta Paitilla. Empezó su cons- trucción, aunque sus promotores aún no tienen concesión para rellenar fondo de mar.
Burges Es un bar, en la planta baja de un edificio en calle 47, Bella Vista. Ahora mismo se construye una tarima en el área de estacionar. Colinda con una escuela. Desconocido Frente a la cinta costera, a dos cuadras del restaurante Boulevard. Casi ponen el ‘lobby’ en la Avenida Balboa. Sin letreros a la vista que indiquen el nombre del proyecto. Otra violación a las normas.
El llantero Solo se le autorizó acceso para la actividad comercial desde Vía Israel. Cuando la empresa incumplió y abrió un ingreso por las calles 68 y Flor del Espíritu Santo, Salas se negó a cerrar el acceso, como pidió el director de Desarrollo Urbano. Ocean One Edificio en Costa del Este. Tiene permiso de ocupación desde julio de 2008. 10 meses después, no está terminado. En la foto, el estado de una de las cocinas. Se expidió el permiso, aunque la ley exige un acabado al 100%.
PLaza panamá Frente a Niko’s Café, en Vía Israel. La losa superior sobrepasa la línea de construcción. H-Tech En calle 53, urbanización Obarrio. Su volumen superior sobrepasa la línea de construcción.
Bella Mare Torre de apartamentos en Punta Pacífica. La losa de los pisos superiores está fuera de la línea de construcción. Venetian Tower En Punta Pacífica. Al igual que Bella Mare, la losa de estacionamientos se sale de la línea de construcción permitida.

El Inadeh, en la cuerda floja


SANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

sfascetto@prensa.com

Necesitamos redirecionar 350 millones de dólares del presupuesto. Ministro, por favor, lea la lista.

El titular de la cartera de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, no dudó un instante y obedeció la orden del presidente, Martín Torrijos.

Alexander comenzó a leer la lista de las instituciones a las que el gobierno les iba a recortar el presupuesto asignado, para enviar esos fondos a otras dependencias. Casi al final del listado, Alexander leyó:

- Inadeh, 40 millones de dólares.

Así, palabras más palabras menos, el gobierno tomó la decisión de quitarle casi la mitad del presupuesto de inversión asignado para 2009 al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el desarrollo Humano (Inadeh).

La orden de Torrijos fue clara y, según dos funcionarios presentes, se tomó durante una reunión de Gabinete convocada a principios de febrero pasado.

No fue un encuentro más, se realizó entrada la tarde y sin programación previa, según trascendió.

El Inadeh se quedó, así, huérfano de la mitad de su presupuesto de inversión para 2009: de los 80 millones de dólares previstos, le quitaron la mitad. Aparte, el instituto que se ocupa de formar técnicos y profesionales cuenta con 11 millones de dólares anuales para financiar su funcionamiento.

¿A dónde fueron a parar esos millones de dólares del Inadeh? Según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno los giró a la caja de dos instituciones: Pandeportes y al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Becas y canchas de fútbol sintéticas.

“Se venían las elecciones y tener esa plata en Pandeportes y el Ifarhu daba más resultado”, dijo a este diario, bajo la condición del anonimato, un viceministro.

Sin aviso previo

El director general de la institución, Juan Planells, se enteró del recorte por terceros. Hacía solo unas semanas había perdido otra batalla a manos de la “política” del Ejecutivo: el 31 de diciembre de 2008 –a horas del año nuevo–, el gobierno le quitó, sin justificación, 17 millones de dólares de la cuenta que tiene el Inadeh en el Banco Nacional de Panamá y los pasó al Tesoro Nacional.

De esa cifra, 6 millones de dólares correspondían a la recaudación del seguro educativo, un impuesto creado para reforzar la educación del país. Al darse cuenta de que rayaba en la ilegalidad utilizar el dinero del seguro educativo para otro fin, el Inadeh volvió a recibir esos 6 millones de dólares.

Cuando se hizo público el “tijeretazo” por duplicado, Planells ensayó en los medios una defensa del organismo que preside. “La reducción del presupuesto nos ha obligado a posponer el plan para el próximo año. Fue desafortunado este recorte”, manifestó.

Planells intentó –según fuentes del Inadeh– llamar en varias oportunidades a Torrijos y a su ministro de Economía y Finanzas. Pero, del otro lado, el teléfono estaba mudo.

El ajuste –según un alto funcionario– se debió realizar porque dos carteras gastaron más dinero del presupuestado originalmente: el Ministerio de Obras Públicas de Benjamín Colamarco y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades).

A las palabras de Planells se sumó, luego, una queja del Consejo Nacional de la Empresa Privada. El 15 de mayo pasado hicieron pública una declaración en la acusaban a Torrijos de cometer un “aniquilamiento financiero” del Inadeh. “La situación señalada representa una contradicción que desafortunadamente se hace más frecuente entre lo que los gobiernos dicen y hacen, con nefastas consecuencias en proyectos que nacen como una esperanza, especialmente para los más necesitados, por la oportunidad que les ofrece el Inadeh para capacitarse, superarse y alcanzar un nivel de vida digno y decoroso”, dice el comunicado de los gremios empresariales.

La Fundación del Trabajo también cuestionó la intromisión del gobierno en el Inadeh y denunció que la falta de dinero generaría la suspensión de los diferentes “programas de capacitación y otras acciones encaminadas a mejorar el sector productivo” .

Los perjudicados

Pero, ¿qué representa el recorte? ¿A cuántos panameños perjudica? Según estimó un funcionario del Inadeh, unas 110 mil personas no podrán acceder a capacitación del Estado durante este año.

El asunto podría, incluso, repercutir en las futuras megaobras planificadas: ampliación del Canal de Panamá, el Metro de la capital, saneamiento de la bahía de Panamá, entre otros proyectos (ver infografía).

El Inadeh nació el 15 de febrero de 2006, de la mano de la actual gestión. Gracias a un acuerdo de todos los sectores productivos se enterró al viejo Instituto Nacional de Formación Profesional (Inaforp), en aquel momento jaqueada por la intromisión de la política en su estructura, y se creó una organización nueva.

Nada se podía hacer con el viejo organismo. Por eso, Torrijos, en consenso con los empresarios y trabajadores, creó el Inadeh bajo una nueva premisa: apartar a la política partidista de su funcionamiento. Planells –de larga trayectoria en la empresa privada– fue la persona designada para llevar adelante los objetivos del flamante organismo.

Durante 2008 el Inadeh firmó múltiples acuerdos de cooperación que le permitieron, entre otras cosas, capacitar a 39 mil 657 personas en el área del turismo. También se logró rehabilitar varios talleres técnicos, se pusieron en funcionamiento 96 salones virtuales para capacitar a los servidores públicos y se formó a 30 mil panameños para afrontar las megaobras anunciadas por el Ejecutivo.

Para este año, todo se reducirá a la mitad.

El calor de las elecciones volvió a envolver en el juego político al organismo encargado de formar profesionales y técnicos.

El reto, ahora, lo tiene el gobierno del “cambio”.

Reducirán tamaño de casas para evitar alza

Cindy Calderón y Mayra Castillo
PA-DIGITAL

Para evitar un inminente aumento en el precio de los nuevos proyectos habitacionales, el sector construcción evalúa reducir el tamaño de las viviendas.

Pedro Detresno, de Pedros Bienes Raíces, S.A., aseguró que los materiales que están aumentando de precio son los más importante en una construcción, y que para evitar que esto afecte los precios de las viviendas “será necesario reducir el tamaño de las mismas”.

Aunque se desconoce de cuánto podría ser el aumento en los nuevos proyectos, Eduardo Ameglio, presidente del Consejo Nacional de Promotoras de Viviendas de Panamá (CONVIVIENDA), señaló que no puede ser mayor al registrado durante el 2008.

Ese año el incremento en el precio de las viviendas alcanzó un 18.7%, según datos de la Contraloría General de la República.

Actualmente los materiales que podrían sufrir un aumento, debido a los costos del petróleo, son el acero, Pvc, el cemento, y por ende el concreto, los que durante el 2008 aumentaron casi un 20%.

Sin embargo, los precios de los materiales a base de aluminio, vidrio y cerámicas, como pisos y acabados, podrían disminuir a raíz de una baja en la demanda en Estados Unidos y China, por lo que los fabricantes buscan nuevos mercados, entre los que se encuentra Panamá.

Detresno agregó que la tendencia del sector es cubrir la demanda local, por lo que se construirá un mayor número de viviendas con un rango de precios de 35 mil dólares a 65 mil dólares, lo cual es favorable, ya que se benefician con la Ley de interés preferencial.

Actualmente el déficit habitacional en Panamá es de 140 mil 120 viviendas, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda.

Siendo la provincia de Panamá la que tiene un mayor número de afectación con 54 mil 911 viviendas, seguido de Chiriquí con 17 mil 162.

A principios de año la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) apostó a que el sector crecería este año un 19%. Pero, Jaime Jované, presidente de la CAPAC, aseguró recientemente que el sector solo crecerá un 3% durante este año.

Explicó que este resultado se debe a los efectos negativos de la crisis y a la cautela que tienen las entidades financieras para otorgar un préstamo hipotecario.

Reforman reglas del programa de estímulo

REDACCION
PA-DIGITAL

Esta reforma mantiene los 400 millones de dólares que ofrece el Banco Nacional de Panamá para préstamos a cinco años de plazo con dos años de gracia.

Además, se mantienen los dineros de la Corporación Andina de Fomento por $210 millones, y que pueden ir hasta 7 años de plazo con diferencias en tasas, en la medida en que se van incrementando los plazos.

La junta directiva del Banco Nacional aprobó 230 millones de dólares adicionales para financiar créditos a corto plazo hasta por 6 meses.

El Gobierno actual, en consenso con el presidente electo Ricardo Martinelli, anunció ayer estas reformas al Programa de Estímulo Financiero, creado para estimular el crédito y el crecimiento de la economía panameña, y que la banca se ha rehusado a utilizar. El presidente Martín Torrijos entregó ayer las modificaciones a las reglas al Consejo Directivo que administra el PEF. Mientras, Martinelli indicó que no podemos permitir que nuestros sistemas de préstamos bancarios se congele.

Fuentes del sector bancario señalaron que esperan recibir mayores detalles por parte del Consejo que administra los fondos, para analizarlos y decidir si serán utilizados. Pero, nuevamente reiteraron que este es un programa para estimular la economía.

Apuestan al endeudamiento para acelerar la economía

María De Gracia
PA-DIGITAL


En el orden usual, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el entrante ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, intercambian opiniones.

La actual administración de Martín Torrijos y la entrante de Ricardo Martinelli se unen para buscar la modificación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y así favorecer el nivel de endeudamiento del país.

La propuesta fue anunciada ayer por el presidente Martín Torrijos, quien aseguró que la decisión se da para evitar que se retrase la ejecución de importantes proyectos.

“Además, se busca mantener un nivel de inversión pública que ayude a mantener la ocupación laboral”, dijo Torrijos.

En tanto, Frank De Lima, viceministro designado de Finanzas, explicó que se quiere reformar dicha ley para subir el nivel de endeudamiento del 1% permitido a un 3%.

De Lima señaló que los gobiernos tienen el deber de manejar una política económica y fiscal responsable y bajar el nivel de la deuda pública.

Pero, apuntó que en un periodo de desaceleración económica, como el que se vive en la actualidad, “desafortunadamente” se tiene que recurrir al endeudamiento público para generar las inversiones que se requieren para generar empleos.

De Lima no dudó en aseverar que el nivel de la deuda pública se incrementará este año.

La deuda pública aumentó en 64.1 millones de dólares, pasando de un saldo de 10,578.8 millones de dólares en el mes de marzo de este año a 10,642.8 millones de dólares al 30 de abril, según cifras de la dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El incremento, señala la entidad, se justifica en el saldo de la deuda pública externa, debido al desembolso programado de 100 millones de dólares por parte del Banco Mundial, como una de las fuentes que financia el presupuesto 2009.

Para el actual ministro de esta cartera, Héctor Alexander, cuando se creó la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal nunca se contempló que existiría una de las peores situaciones económicas después de la gran depresión.

Ahora, agregó, se tiene que considerar la crisis actual, se tiene que ver cómo adaptar esa ley a la situación y la coyuntura internacional para poder amortiguar los eventos externos.

Economía.
Tanto Martín Torrijos como Ricardo Martinelli coinciden en que se deben tomar medidas para impulsar la economía, que se encuentra marchando a medio motor gracias a la crisis financiera.

A manera de ejemplo, Martinelli indicó que cada día los turistas viajan menos y los pocos que lo hacen han disminuido su consumo, mientras que solo a marzo la venta de casas y apartamentos bajó en 83%, además de que se ha dado una caída de 47% en la exportación de banano y de 43.5% en la de camarón. Por su parte, Torrijos manifestó que los signos de la crisis financiera empezaron a sentirse a finales del primer semestre del año pasado.