Wednesday, May 19, 2010

"Clan Martinelli" se hunde en Panamá por denuncias de corrupción y lavado

San José (elpais.cr) – Familiares de colaboradores del Gobierno del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, han recibido duros golpes esta semana, tras acusaciones de corrupción y la condena de dos personas condenadas a 15 años de prisión en Honduras por lavado de dinero, procedente del narcotráfico.

Igualmente, el diputado Marco González del oficialista Cambio Democrático, entregó fotos donde se ve a Eduardo "Rumba" Alfaro, asesor del Ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, departiendo con varios delincuentes, entre ellos, Moisés Palacios alias "Zanahoria", Jorge Camargo Clarke conocido como "Cholo Chorrillo" líder de la banda Bagdad, ambos recientemente asesinados, y Pedro Antonio Solís De La Cruz señalado como miembro del Cartel de Sinaloa en México.

Un tercer caso que sacude medios políticos y algunos de comunicación en Panamá es la denuncia del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sobre la compra de dos autopistas, con el supuesto fin de beneficiar intereses del mandatario panameño y perjudicar la Caja del Seguro Social.


Honduras

La justicia hondureña, a través de un Tribunal, condenó el lunes en la tarde a 15 años de prisión a dos panameños acusados de lavado de activos, según informó diario El Heraldo, de Honduras.

El Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, en audiencia de individualización de la pena, emitió el fallo condenatorio en contra de los panameños Salvador Enrique Mathiu Torres y Víctor Joel Beitia Martínez, anunció Melvin Duarte, portavoz del Ministerio Público.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado los acusó por lavado de activos luego que el 13 de marzo de 2008 pretendieran salir de Honduras por el aeropuerto Toncontín portando más de dos millones de dólares, sin justificar su procedencia.

"En la lectura de la sentencia han sido condenados a 15 años de reclusión, más el decomiso de los dos millones 99 mil 400 dólares, que les fueron decomisados cuando fueron requeridos por las autoridades", manifestó el vocero.

En las audiencias de debate del juicio oral y público, la defensa de los imputados no logró justificar la procedencia del dinero, por lo que los jueces dictaron la sentencia condenatoria con la pena antes referida. Ambos purgarán la pena en la Penitenciaría Nacional de Támara.

Además de los dos millones que pasan a nombre del Estado de Honduras, el Tribunal ordenó el decomiso de tres cuentas bancarias abiertas en el país, una de ellas por 886 dólares, otra por 15,312 lempiras y una tercera por 83 mil 700 dólares.

Este es el mismo caso que sorprendió a la prensa hondureña, pero que pasó desapercibido en Panamá, cuando en el juicio que se desarrollaba contra estos panameños, hicieron acto de presencia el Presidente de la Asamblea de Diputados, José Luis Varela, junto a otros copartidarios, suyos, entre ellos, Alcibíades Vásquez y Luis Barría Moscoso, Director del Registro Público.

El Heraldo de Honduras tituló la noticia de esta manera: “Comisión panameña vigila juicio”, (http://archivo.elheraldo.hn/ez/index.php/plain_site_user/ediciones/2008/08/02/comision_panamena_vigila_juicio).

Los panameños sentenciados en Honduras pertenecen al Partido Panameñista y uno de ellos ocupó un alto cargo en Aduanas.

Luis Barría, que formó parte de la comitiva de Varela en Honduras, fue objeto de graves señalamientos en el diario digital de Costa Rica ”Nuestro País”, por el caso de los primos y copartidarios de Martinelli presos en México. (http://www.elpais.cr/articulos.php?id=23682), dio cuenta el Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Panamá (FRENADESO).

“Cuando se produjo la detención del primo del mandatario panameño en México, el director general de esa oficina estatal, Luis Barría Moscoso, habría propiciado la caída del sistema de cómputo por cinco días para retirar las sociedades donde aparecía Martinelli Corro como dignatario o en las que figurarían Martinelli Berrocal y su primo como suscriptores”, indicaron fuentes políticas panameñas y también estadounidenses.

“Barría Moscoso, sobrino de la ex presidenta Moscoso, fue identificado en julio pasado, unos días de asumir el poder Martinelli Berrocal, por los diarios La Prensa y El Heraldo de Honduras, por asistir al juicio de dos panameños capturados en ese país centroamericano con $2 millones producto del narcotráfico.”

“La “visita inusual”, como la calificó la prensa hondureña, la conformaban, además de Barría Moscoso, los diputados Alcibíades Vásquez Velásquez y José Luis Varela, actual presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, y hermano del vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela.”

“La tesis que manejaron en ese momento los medios fue que la presencia de los políticos panameños en un juicio tan comprometedor tenía por objeto impedir que los acusados delataran a sus cómplices en Panamá”, dijeron periodistas hondureños.


Fotos narco

Marco González, diputado del oficialista Cambio Democrático, entregó este martes fotos donde se ve a Eduardo "Rumba" Alfaro, asesor del Ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, departiendo con varios delincuentes, entre ellos, Moisés Palacios alias "Zanahoria", Jorge Camargo Clarke conocido como "Cholo Chorrillo" líder de la banda Bagdad, ambos recientemente asesinados, y Pedro Antonio Solís De La Cruz señalado como miembro del Cartel de Sinaloa en México.

González aseguró a periodistas que las fotos le fueron proporcionadas durante una visita que hiciera a la Asamblea el abogado asesinado, Javier Justiniani, quien antes de su muerte denunció en una carta persecución por parte de Mulino y otros funcionarios del Ministerio.

González también mostró un chat recibido del celular de Mulino, donde se le amenaza.

El diputado aseveró que el asesor “Rumba” Alfaro sacaba a los reos en su auto personal y los llevaba a comer a lujosos restaurantes.

Estos hechos exigen una investigación exhaustiva, la cual no puede ser realizada por un Ministerio Público carente de credibilidad y sometido al Poder Ejecutivo, igual que la Corte Suprema de Justicia, demandó FRENADESO.

Terrenos

En lo que se considera una desbandada o separación de afectos a Martinelli Corro, el diputado Noriel Salerno del Partido oficialista Unión Patriótica denunció que los terrenos en los que se ha anunciado se construirá el nuevo Aeropuerto de Penonomé, se compraron por 838 mil de dólares en el 2006 y ahora se pretenden vender al Estado por la "friolera" de 19 millones de dólares.

“Detrás de esta venta está nada menos que el Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, conocido por su estafa al Estado por más de 400 millones de dólares producto de la Ley Banistmo, y quien acaba de pagar apenas un poco más de 22 dólares de impuesto por la transacción del Hotel Buenaventura valorado en más de 32 millones de dólares, sin contar el valor de los terrenos donde se ubica”, según FRENADESO. (Ver: http://www.kaosenlared.net/noticia/panama-asi-se-roba-en-grande)

Según medios independientes, que recogieron informaciones de elpais.cr, las noticias alarmantes no cesan en Panamá. “Si bien los medios locales no le dan la prominencia que se merecen, gracias a Internet poco a poco los panameños se van enterando de las andanzas de quienes gobiernan este país”, destacaron.

Indican que a los señalamientos de los vínculos del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, con dos primos suyos y otros dos copartidarios detenidos en México por lavado de dinero del Narcotráfico y sus relaciones con el sanguinario Cartel de los Beltrán Leyva, se agregan las revelaciones que dan cuenta de los nexos de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, como defensora de uno de ellos hace unos años en Panamá, específicamente de Ramón Martinelli, ex Tesorero del Partido oficialista, ex diputado al PARLACEN y primo de Ricardo Martinelli.

Alma Cortés también fue abogada de Ernesto Chong Coronado, implicado en el caso del lavado de dinero del colombiano David Murcia Guzmán.

Por otro lado, la compra de las autopistas que cruzan de norte a sur la ciudad de Panamá, a través de la venta de bonos del Caja de Seguro Social, ha resultado ser una invención del gobierno, y ha puesto la situación financiera de esta entidad en problemas, afirmó el Secretario General del opositor Partido revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens. En Panamá esas autopistas son conocidas como los corredores Norte y Sur.

“El presidente Ricardo Martinelli y su Ministro de Economía Alberto Vallarino son los culpables por la situación de la Caja de Seguro Social, y son unos cínicos cuando ahora anuncian que el aumento de los gastos corrientes de esta entidad, podría ser uno de los renglones que afecten negativamente el desempeño fiscal del Estado al cierre de 2010”, precisó Doens.

Vallarino, denunciado hace unos meses por Doens como cabeza de una red de lavado de dinero a través del Banco del Istmo, del cual fue gerente general, basado en informes de una unidad de inteligencia de Costa Rica que aportó datos a la DEA. Vallarino, según la justicia costarricense, estuvo involucrado en los negocios turbios del clausurado Banco Anglo Costarricense.

La demanda interpuesta por Doens ante la justicia panameña, no prosperó y el caso fue cerrado por la intervención del Procurador General de Panamá, Guiseppe Bonissi, un copartidario nombrado por Martinelli, luego de la destitución en enero de la abogada Ana Matilde Gómez, a quien le faltaban cinco años más en el puesto.

Vallarino fue señalado por el diario panameño La Estrella por una transacción fraudulenta realizada en octubre pasado entre Desarrollo Turístico Buenaventura, The Bristol Resort y Grupo Verdeazul, todas empresas de su propiedad, y mediante la cual le habría sustraído al fisco panameño más de 30 millones de dólares.

En Panamá se recordó que Vallarino es reincidente en este tipo de transacciones fraudulentas. Se recordó que en la venta del Banco del Istmo al grupo bancario HSBC, hace tres años, dejó de pagarle al fisco panameño más de 300 millones de dólares.

Seguridad Social

Esta mañana el diputado oficialista Noriel Salerno acusó a Vallarino de querer venderle al Estado por 19 millones de dólares un terreno para la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Penonomé al Oeste de la capital panameña cuyo costo no llegaba a los 900 mil dólares.

Doens, como Secretario General del PRD la enfiló contra el gobierno por el problema que ahor asfixia a la institución de seguridad social. Afirmó que “Martinelli y Vallarino un buen día pensando en que iban a comprar los Corredores, redimieron todos esos bonos, lo cual es ilegal, y va a dejar la Caja del Seguro Social de percibir entre 30 y 35 millones de dólares afectando el Programa de Vejez Invalidez y Muerte”, aseguró.

Dijo que el Programa Vejez Invalidez y Muerte está en problemas, porque el gobierno de manera unilateral redimió bonos de la CSS, que había colocado la institución con el Estado, y que pagaban un 8% una parte y un 9% otra, para garantizar un buen flujo de ingresos a partir de los rendimientos de esa inversión.

Doens manifestó que la CSS está en una dificultad financiera que el gobierno mismo ha generado, porque la compra de los Corredores Norte y Sur han resultado ser la gran farsa, “que ahora resulta que no había tal transacción, tal acuerdo era una invención, pero lo cierto que han dejado a la Caja del Seguro con un serio problema”.

El Secretario General del PRD señaló además que desde el punto de vista legal el 68 % de los bonos no se podían redimir, porque así lo establecía el mismo contrato donde el Estado los adquiría, “precisamente porque colocar esa cantidad de dinero en un mercado financiero a la Caja del Seguro Social se le hace lento y tienen que estudiar muy bien eso para no cometer un error al invertir la plata del pueblo panameño”.

Martinelli Berrocal anunció a finales de marzo que el Estado se haría dueño de ambos corredores a cambio de 700 millones de dólares. El Gobierno espera completar la transacción durante el primer semestre de este año.

Antes, tendrá que presentar los detalles a la junta directiva de la Caja de Seguro Social y cerrar los trámites con accionistas y tenedores de bonos de las concesionarias.

González dice que ha recibido amenazas


Luego de acusar a Eduardo “Rumba” Alfaro, asesor del ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Molino, de ofrecer tratos preferenciales a detenidos en la cárcel La Joyita, el diputado oficilista Marcos González, asegura que ha recibido amenazas, hasta el punto que tiene que estar con seguridad permanente a donde quiera que va.

La denuncia de González ha sido registrada en varios medios internaciones, inclusive en el diario digital costarricense Nuestro País, en el que han titulado "Clan Martinelli" se hunde en Panamá por denuncias de corrupción y lavado; haciendo referencia a las fotografías que entregó el diputado, que muestran al asesor del ministro Mulino departiendo con varios delincuentes, entre ellos, Pedro Antonio Solís De La Cruz señalado como miembro del Cartel de Sinaloa en México.


Esa foto provocó la reacción del abogado de Solís, quien acudió al noticiero de Telemetro canal 13 y explicó que el día que fue tomada la foto en la que él también aparece, se encontraba visitando a su cliente que había sido trasladado del centro penitenciario El Renacer a La Joya.


El abogado aseguró que Alfaro, a quien conoce hace mucho tiempo, lo saludó,momento que aprovechó para presentarlo con su cliente quien estaba preocupado por su seguridad dentro del penal. "Simplemente le dije que él (Alfaro) le podría garantizar que no le pasaría nada.


La conversación subió de tono cuando el abogado le dijo al diputado González que tiene una coraza, " pero como buena tortuga tendrá que meter la cabeza en el hueco".


A lo que González respondió que está dispuesto a despojarse de su inmunidad para enfrentar legalmente al abogado, a quien retó a interponer cualquier recurso legal si así lo desea.


Por su parte, el ministro encargado de Gobierno y Justicia, Alejandro Garuz, calificó de "positivo" que el diputado esté dispuesto a quitarse la inmunidad para ponerse a la par de Eduardo Alfaro.


Además descartó que la salida del hijo de González tenga que ver con represarías, pues hasta donde tiene entendido éste fue destituido por que no cumplía con su trabajo.

Preocupa en Panamá información sobre Martinelli de www.elpais.cr

San José (elpais.cr) - Reacciones encontradas produjo entre los panameños, de diversos sectores, la noticia de elpais.cr acerca del bajo perfil de las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Panamá, encabezado por el presidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Las primeras reacciones fueron de “preocupación” y “sorpresa”, aunque no faltaron quienes mostraron “incredulidad”, pese a los abrumadores datos suministrados por fuentes estadounidenses y panameñas de todo crédito, que pidieron a elpais.cr mantener sus nombres en reserva, por temor a “represalias” de parte del gobierno del presidente Martinelli. (Ver: www.elpais.cr/articulos.php?id=23682).

El diario panameño La Prensa, se hizo eco del informe reconociendo la existencia de una “crisis entre EU y Panamá”.

La nota del periodista panameño Isidro Rodríguez indicó que “el presidente, Ricardo Martinelli, llegó a la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Chinchilla, en medio de un inusual escenario: la publicación en el diario digital Nuestro País (www.elpais.cr) de Costa Rica, del artículo “Estados Unidos baja niveles de relación con gobierno de Martinelli”.

La Prensa dijo que “la nota cita el retiro prematuro de la embajadora estadounidense en Panamá, Barbara Stephenson, como prueba de la crisis.

“Opositores panameños y diplomáticos estadounidenses ven con estupor la forma como han sido expulsados del sistema judicial panameño, jueces, fiscales, oficiales de inteligencia e investigadores de todos los rangos, formados tras años de cooperación interinstitucional por agencias como la Oficina Federal de Investigaciones y la DEA ”, señaló el informe.

El rotativo deja constancia que “Tomás Mesa, vocero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, no respondió a las llamadas de este diario. Tampoco lo hizo Alfredo Prieto, secretario de Comunicación del Estado”.

Por su parte, los diarios panameños El Siglo y La Estrella se refirieron a la noticia de elpais.cr mediante glosas políticas. “Me enteré que en una noticia aparecida en Costa Rica le dicen de todo al Enzapatilla"o (como le dicen al presidente Martinelli Berrocal). ¿Cómo reaccionará hoy en tierras josefinas?”, recogió El Siglo.

“Hablando del Enzapatilla”o y de Costa Rica, en el hermano país un periódico El País publicó un misilazo contra él, encabezando la historia de que Estados Unidos mantiene en el congelador la relación con Panamá y por eso se va Bárbara (Stephenson, la embajadora de Estados Unidos que concluyó en forma prematura su misión en le vecino país)”, dijo La Estrella.

Por otro lado, fuentes diplomáticas aseguraron que voceros de la embajada de Estados Unidos en el vecino país han confiado en conversaciones reservadas que la salida de la embajadora Stephenson obedece a que “no hay afinidad entre los planes y objetivos del gobierno de Martinelli y los intereses de Estados Unidos en Panamá”.

Dijeron que “la preocupación de Estados Unidos es que Panamá se convierta en un narcoestado, dominado por el crimen organizado”.

Añadieron que la visita a Panamá del Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, dejó clara la preocupación de Washington sobre la forma cómo el presidente Martinelli Berrocal ha tomado control de los Órganos del Estado y los estamentos de seguridad lo que está minando la capacidad de las instituciones judiciales para combatir el crimen organizado.

“Un gobierno electo democráticamente, debe gobernar democráticamente”, recordó Valenzuela a las autoridades panameñas.

Estados Unidos baja nivel a relación con gobierno de Martinelli

San José (elpais.cr) - El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, visita Costa Rica para despedir al jefe de estado, Óscar Arias, y darle la bienvenida a la presidenta electa, Laura Chinchilla, en momentos en que Estados Unidos ha bajado el nivel a la relación diplomática con el retiro prematuro de su embajadora.

Las autoridades norteamericanas están preocupadas por el rumbo autoritario del gobernante del vecino país del sur y la forma cómo destruye la capacidad de las instituciones judiciales para combatir el crimen organizado, dijeron diversas fuentes panameñas y estadounidenses.

La concentración de poderes emprendida por el gobierno panameño es vista por esas fuentes como un blindaje para la impunidad de Martinelli Berrocal, un multimillonario de derecha cuya fortuna es de origen dudoso, se construye a la medida y que abre las puertas a la corrupción, no solo la que se teje al amparo de los jugosos contratos que otorga el gobierno sin licitaciones, sino también aquella que provendría de dinero del narcotráfico.

El arresto en México de Ramón Ricardo Martinelli Corro, primo del presidente panameño, vinculado al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, en noviembre pasado, y encarcelado en febrero último en un penal de máxima seguridad en Jalisco, complica aún más el escenario.

De acuerdo a un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Martinelli Corro y otros tres panameños, incluyendo una mujer,- “integrantes de una célula dedicada al transporte de dólares de México” hacia Panamá que “pertenecen a la organización criminal de los Beltrán Leyva y son enviados para el pago de droga, lavado de dinero y adquirir bienes inmuebles”-. fueron detenidos in fraganti con $400,000 en efectivo.

Además de la consanguinidad, Martinelli Corro fue designado en 1999 por el hoy presidente de Panamá, como Tesorero de su partido y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Con la inmunidad otorgada por el Parlacen había logrado eludir varios casos con la justicia panameña.

“La relación de Martinelli Corro con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva se remonta a cuando el panameño tenía un curul en la sede del Parlacen”, reveló el diario panameño La Estrella en su edición del 30 de noviembre pasado.

“Pitazo” abortó operación

Fuentes investigadoras independientes panameñas dijeron a Elpaís.cr que la PGR de México, conducía una operación secreta contra una red de traficantes de dinero que lo transportaba hacia Panamá, donde lo lavaban para luego ingresarlo al sistema financiero de Estados Unidos, Europa y Asia. Pero no tenían conocimiento de que en la jurisdicción panameña había una operación gemela que involucraba al primo del presidente Martinelli Berrocal.

La contraparte de cada equipo nacional era la oficina local de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Ambas pesquisas se mantenían estrictamente compartimentadas, aseguraron las fuentes, por lo que era prioritario evitar la fuga de información para no poner en peligro la operación y que no se frustrara la identificación de las empresas y bancos panameños donde se lavaban los dineros ilícitos.

La DEA sospechaba que Martinelli Corro, como tesorero del ahora partido oficial, había trasladado fondos del narcotráfico a la campaña electoral de mayo del 2009 en Panamá en la que ganó su primo Martinelli Berrocal.

Además, las sospechas apuntaban a que parte del dinero ilícito, transportado desde México, era lavado a través de una cadena de 33 supermercados y una fundación creada por el actual presidente panameño.

“El pitazo a las autoridades judiciales mexicanas fue dado por el ex fiscal de Drogas, José Abel Almengor Echeverría”, afirmaron las fuentes, porque conocía la contraparte mexicana con quien había desarrollado en el pasado una relación de trabajo.

Añadieron que “abortar la operación tenía como propósito evitar que Martinelli Corro fuera detenido en Panamá y que identificara a sus cómplices locales en la red de lavado de dinero”.

“Al ser apresado en México se evitó el escándalo en Panamá. Pero también se frustró el resultado de una operación que habría tocado al mismo presidente y figuras del actual gobierno”, concluyeron las fuentes.

Al momento de dar “el pitazo”, Almengor Echeverría era Secretario de Seguridad Nacional nombrado por Martinelli Berrocal en julio pasado. En diciembre fue promovido por el propio mandatario como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pese al repudio generalizado por su designación.

Blindaje de Martinelli

Analistas panameños dijeron a El País que “el blindaje” de Martinelli Berrocal “también pasa por entregar la seguridad del Estado a los servicios de inteligencia de Israel, para evadir la vigilancia de Estados Unidos sobre la gestión mafiosa del gobierno” del vecino país del sur.

La presencia del Mossad israelí, y sus compañías contratistas asociadas, compromete la seguridad del canal de Panamá y su neutralidad, un compromiso avalado por las principales potencias del planeta, pero también sustrae a Panamá de la tradicional área de influencia de Estados Unidos en el continente.

Una serie de estaciones aeronavales concebidas en su momento para proteger la seguridad del transporte y el comercio marítimo panameño, particularmente con Estados Unidos, han sido convertidas por el actual mandatario panameño en bases de apoyo para operaciones militares en otras latitudes.

Sectores políticos y medios de prensa panameños han denunciado el claro objetivo de Martinelli Berrocal de involucrarse en el conflicto en Colombia y de servir de plataforma para una eventual agresión contra Venezuela.

Estados Unidos contrapeso en Panamá

Todo ese escenario despierta preocupaciones entre distintas instancias de poder en Estados Unidos.

“Altas figuras de la administración Obama, tanto en Washington como en sus visitas a Panamá, han considerado que, en este momento, Estados Unidos es el único contrapeso para el estilo dictatorial y mafioso del gobierno de Martinellli”, dijo a este medio una fuente estadounidense, consultada vía telefónica.

Pocas semanas atrás, al anunciar el final prematuro de su misión diplomática en Panamá, tras solo 21 meses en el puesto, la embajadora estadounidense, Barbara Stephenson, advirtió que “el crimen organizado está corrompiendo las instituciones judiciales” del país.

David Gilmour, quien fungirá como encargado de negocios, presumiblemente hasta cumplir el año que le faltaba en el puesto a la embajadora saliente, tiene el mandato del Departamento de Estado de “bajarle el perfil a la relación con el gobierno de Panamá”.

Antes de las declaraciones de Stephenson, el senador demócrata Christopher Dodd, uno de los líderes políticos más influyentes en Washington, tras reunirse con las autoridades panameñas, había advertido en febrero que “el crimen organizado y la falta de seguridad jurídica inquieta a Estados Unidos”.

El tema del combate al crimen organizado y la seguridad del canal es prioridad para Washington, reiteró el subsecretario de Defensa, Frank Mora, durante su reciente visita a Panamá. “El desborde del crimen organizado, podría afectar el canal de Panamá, y eso preocupa a Estados Unidos”, precisó.

Antes del viaje de este jueves y viernes a Panamá del subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, quien llevó en la agenda el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado, el embajador estadounidense retirado, John Maisto, había cuestionado al gobierno panameño.

Maisto dijo que cuando figuras económicamente poderosas dirigen un gobierno hay “corrupción”. Su fórmula para eliminar la corrupción es “instituciones que funcionen, jueces y policías no comprables, fiscales independientes y poderes separados”.

De acuerdo con el diplomático estadounidense la concentración de poder de Martinelli Berrocal conduce a la corrupción y provoca un retroceso a la agenda democrática de Panamá.

“En una democracia debe haber balance de los tres órganos. Monarquía y dictadura son otra cosa”, añadió el diplomático que jugó un papel clave en el derrocamiento del ex dictador Manuel Noriega en 1989.

Sobre la destitución por parte de Martinelli Berrocal de la Procuradora General de la Nación en Panamá, Ana Matilde Gómez Ruiloba, Maisto señaló que “las democracias deben tener sistemas de justicia confiables, y la actuación de los procuradores no puede estar politizada”.


Destitución ilegal de Procuradora

Gómez Ruiloba fue destituida abruptamente en diciembre pasado, cuando todavía le faltaban cinco años para culminar su mandato constitucional, en un ardid de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, controla por Martinelli Berrocal, por el supuesto delito de extralimitación de funciones en el caso de escuchas telefónicas contra un fiscal hallado in fraganti recibiendo coimas por vender un fallo judicial.

Fuentes judiciales panameñas consultadas por Elpaís.cr dijeron que la destitución tuvo por objeto interrumpir las investigaciones que Gómez Ruiloba avanzaba sobre el flujo de dineros ilícitos en la campaña del ahora presidente Martinelli Berrocal y el posible blanqueo de capitales a través de su cadena de supermercados y una fundación.

Las investigaciones descubrieron que quien movía esos fondos del narcotráfico era el primo del presidente, apresado en México.

En los últimos días, Gómez Ruiloba reveló que el presidente panameño la presionaba por medio de llamadas telefónicas buscando manipular el rumbo de investigaciones sensibles. Denunció que por “represalias” se le retiraron los agentes que resguardaban su seguridad y que ha recibido amenazas contra su vida, por lo que responsabilizó al mandatario panameño por cualquier atentado contra su integridad física o la de su familia.

En un acto ilegal e inconstitucional, como lo calificaron sectores políticos y medios de prensa panameños, Martinelli Berrocal nombró como Procurador General de la Nación al abogado Guiseppe Bonissi, miembro activo del partido oficial.

“La designación de Bonissi viola la Constitución y el ordenamiento jurídico panameño. Todos sus actos son ilegales, viciados de nulidad absoluta y, por lo tanto, carecen de legitimidad para desempeñar el cargo”, dijo un jurista panameño consultado por este medio.

La preocupación de las fuentes estadounidenses es que con la llegada de Bonissi, los casos de alto perfil, incluidos aquellos sensibles que a Estados Unidos le preocupan, no se investigarán y serán archivados.

Un ejemplo es el sobreseimiento que declaró recientemente la Procuraduría panameña sobre el caso del colombiano, David Murcia Guzmán, extraditado a Colombia en el 2008 donde fue condenado a 30 años de prisión por lavado de dinero producto del narcotráfico y extraditado a Estados Unidos en enero pasado para enfrentar cargos por lavado de $150 millones.

Murcia Guzmán había sido señalado, por medios de prensa panameños, de haber contribuido con $800,000 a la campaña de Martinelli Berrocal a través del ahora ministro de Turismo, Salomón Shamah, un colombiano nacionalizado panameño.

En toda esta trama, opositores panameños y diplomáticos estadounidenses ven con estupor la forma cómo han sido expulsados del sistema judicial panameño, jueces, fiscales, oficiales de inteligencia e investigadores de todos los rangos, formados tras años de cooperación interinstitucional por agencias como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA.