Friday, June 11, 2010

Oficialismo ignora repudio a ley 9 en 1

ISIDRO RODRÍGUEZ
irodriguez@prensa.com1390520

El segundo debate al proyecto de ley sobre aviación comercial y que reforma los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, además de otras seis leyes, transcurrió ayer en medio de abucheos, gritos y consignas de los grupos ambientalistas y sindicales.

Con la ausencia del proponente, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, y del director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, los diputados opositores intentaron convencer a sus colegas oficialistas de que el proyecto fuera devuelto al Ejecutivo. No fue posible: el informe de minoría fue rechazado por 37 diputados. Tras el rechazo, se decretó sesión permanente.

Luego se concedió cortesía de sala a 25 representantes de grupos ambientalistas y sindicales, quienes advirtieron que enfrentarán las reformas en los tribunales nacionales e internacionales, así como en las calles.

Mario Wilson, de la Asociación de Pilotos Comerciales, pidió a los diputados eliminar los temas ajenos a la aviación, para no “viciar” el proyecto.

Los diputados de oposición y el presidente de la Asamblea, José Luis Varela, se enfrentaron duramente, en un intento de los primeros para que los invitados permanecieran en el pleno durante el debate.

Al cierre de esta edición (10:30 p.m.), todo indicaba que el proyecto sería aprobado hoy en la madrugada.

Un tenso día en la Asamblea

ISIDRO RODRÍGUEZ
irodriguez@prensa.com

Los ánimos se caldearon bastante ayer en la Asamblea Nacional. Grupos sindicales y ambientalistas manifestaron su repudio al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo como una fórmula para promover la aviación civil, pero que de paso reforma el Código Penal, el Código Judicial y el Código de Trabajo, además de otras seis leyes.

Los grupos ambientalistas se ubicaron en las gradas del pleno desde las 2:00 p.m., antes de que la seguridad cerrara las puertas y dejara a los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) tras las verjas que rodean la Asamblea. Solo 30 pudieron entrar al pleno.

Gritando consignas y banderas en mano, los obreros protestaban intentando tirar las cercas. Lo lograron minutos más tarde, lo que trajo como resultado que la seguridad rociara el área con gas pimienta y llegaran al área seis carros antidisturbios de la Policía Nacional. Personal de mantenimiento de la Asamblea soldó de inmediato la parte afectada de la cerca.

Luis González, dirigente del Suntracs, dijo que esta agrupación rechazará el proyecto de ley en las calles. “El Gobierno busca instaurar una esclavitud moderna”, aseguró.

Lo anterior fue ratificado por el dirigente Saúl Méndez, quien aseguró que las acciones de ayer del Suntracs “es solo el principio de las acciones que implementarán para impedir las reformas”.

Méndez criticó la rapidez con la que el proyecto fue aprobado en primer debate y acusó a los diputados de responder a los intereses del Ejecutivo.

Para Norma Cano, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores, la intención de las reformas es destruir el movimiento sindical.

El debate

Dentro del hemiciclo, el ambiente estaba igual de tenso. Un grupo de 15 policías rodeaba la entrada principal de la Asamblea y otros 10 lo hacían cerca de la entrada al pleno.

El inicio del debate se dio a las 5:10 p.m., entre consignas y gritos de protesta.

Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental, destacó que el proyecto y su proceso de aprobación, violaba la Constitución y normas nacionales e internacionales. Por ello, advirtió, el movimiento ambientalista acudiría a la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Wing lamentó que el Gobierno haya mezclado en una ley el tema ambiental y las reformas a tres códigos. Eso, alegó, imposibilita una discusión profunda.

Por ello, 37 organizaciones ambientales propusieron –en un comunicado– retirar del proyecto de ley de aviación, todo lo relativo al ambiente. “La Constitución no permite incluir distintas materias en un solo proyecto de ley. Lo contrario constituye una desviación de poder”, concluyó.

El proyecto establece que en las obras consideradas de interés social no será necesario un estudio de impacto ambiental.

Al rechazo de los representantes de unas 25 organizaciones ambientales y sindicales que participaron en el debate, se unió la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Su vocera, Natalia Young, informó del rotundo rechazo de esta agrupación a las reformas ambientales contenidas en el proyecto, por considerar que ponen en riesgo al país ante acuerdos internacionales. Además, manifestó su preocupación por la “impunidad preventiva” que se le otorga a la Policía Nacional.

El proyecto plantea que no serán sometidos a detención preventiva los miembros de la Policía que cometan un delito en el ejercicio de sus funciones.

El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, también se sumó a la generalizada crítica, asegurando que “el proyecto genera una enorme preocupación, toda vez que entremezcla materias que debieran ser discutidas por separado”.

Vargas citó la desprotección en materia ambiental, así como la sensación de impunidad que produciría la reforma a la ley de la Policía.

Los políticos

El diputado opositor Freidi Torres defendió en el pleno el informe de minoría de la Comisión de Comunicación y Transporte, que rechazaba el proyecto.

Torres comentó que las modificaciones planteadas no son compatibles en un mismo proyecto de ley. “Cada tema debe discutirse en la comisión correspondiente”, argumentó.

Además, les solicitó a sus colegas oficialistas “amarrararse los cinturones” y devolver al Ejecutivo el proyecto para que ahora solo se debata el tema de la promoción de la aviación, y que los demás temas sean presentados en otros proyectos.

A la posición de Torres se unieron la de sus copartidarios Leandro Ávila, Yassir Purcait y Benicio Robinson, quienes arremetieron firmemente contra el proyecto.

Este proyecto, además de incluir modificaciones a tres códigos nacionales –Penal, de Trabajo y Judicial–, reforma seis leyes, entre las que están la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de Contrataciones Públicas, la ley marco para la prestación de servicios públicos y la Ley del Medio Ambiente.